La medida fue aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros y dispone la intervención de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas cuando corresponda, con el fin de reforzar el control del orden interno y combatir los hechos delictivos que afectan a la población.
Según la norma, la declaratoria tendrá una vigencia de 60 días calendario, periodo durante el cual se ejecutarán acciones excepcionales para reducir los índices de inseguridad y restablecer las condiciones de tranquilidad en ambos distritos.
La decisión responde a la necesidad de enfrentar el incremento de la criminalidad y otros actos de violencia registrados en la zona, considerados una amenaza para la seguridad ciudadana y el desarrollo de las actividades económicas y sociales.
Durante el Estado de Emergencia, las autoridades competentes podrán adoptar medidas especiales previstas en la legislación vigente para garantizar la protección de la población y fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas del orden.
