El Ministerio de Justicia prorrogó la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-JUS.
La medida busca continuar enfrentando los problemas estructurales que afectan a las cárceles peruanas, especialmente el hacinamiento y las deficiencias en infraestructura.
Asimismo, contempla reforzar la seguridad penitenciaria, ampliar la capacidad de albergue y mejorar los programas de tratamiento y reinserción social para las personas privadas de libertad.
La norma toma en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal Constitucional respecto a la situación crítica del sistema penitenciario peruano.
Las autoridades deberán aprobar medidas administrativas y operativas adicionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la intervención reforzada
